Carola López Moya se convirtió en la que sería la primera persona de España en ser sancionada por promocionar, presuntamente, terapias de conversión a personas trans. La multa a pagar por esta psicóloga feminista ascendía en el papel a los 120.000 euros y cinco años de inhabilitación profesional. Cinco años después, su particular guerra contra el lobby de género ha terminado, después de que la Junta de Andalucía haya archivado el caso.
Todo comenzó a raíz de una publicación en redes sociales de la psicóloga feminista en la que afirmó que "las mujeres trans son varones", "que las cirugías de reasignación de sexo son un negocio que se lucra del malestar que produce el género" o que "si alguien está a disgusto con su cuerpo, lo lógico es ayudarle a aceptarse con la mínima invasión posible".
El pasado mes de junio a través de Twitter afirmó: "Para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes porque soy crítica con la identidad de género, decirles que están progresando porque precisamente les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido por el género, construcción cultural que subordina a las mujeres".
Moya, "feminista y de izquierdas" según se define y votante de Podemos, es una destacada feminista que ha decidido combatir a la ideología de género: "Me he dado cuenta de que el género hay que erradicarlo, de que la infancia está en peligro porque estas leyes permiten que las criaturas tomen decisiones que afectarán a su desarrollo físico y psicológico para toda la vida sin ninguna evaluación, ni contando con la opinión de la madre y del padre".
Multada por la Junta de Bonilla: "Resulta imperdonable"
A raíz de sus declaraciones y la consiguiente denuncia por la Asociación de Transexuales de Andalucía y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, el gobierno de Moreno Bonilla aplicó contra la psicóloga la Ley LGTB de Andalucía. Ángel Mora, entonces al cargo de la delegación de Violencia de Género e Igualdad de Trato de la Junta de Andalucía, que pertenece a Ciudadanos.
“Lo que hemos hecho es cumplir con la ley. No podíamos haber hecho otra cosa. Si los hechos son ciertos, resulta imperdonable. Que a estas alturas haya profesionales que digan que pueden reconvertir a personas transexuales… No se puede permitir que algo así exista. Los presuntos hechos suponen un atentado claro a los derechos humanos”, sentenció Mora a El Periódico.
"Toca seguir dando la batalla"
La psicóloga respira hoy tranqula tras conocer que su expediente había sido archivado. Al conocer la noticia, celebró ante sus más de 11.000 seguidores de Twitter la resolución de la Junta de Andalucía por la que "no existen indicios que pueden constatar que la denunciada difunda o promueva un tipo de terapia [...] dirigida a modificar la orientación sexual y/o identidad de género".
"Dice el documento que todos mis tweets y publicaciones aportados por la parte denunciante, queda comprobado, tras valorar el contenido y el contexto, no constituyen infracción administrativa, sino que son una opinión "crítica realizada por una profesional contra el anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, siendo dicha crítica la manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión", explicó.
De hecho, como la misma Moya ha explicado, sus tuits "no van contra un colectivo sino contra una ley en el marco de una crítica política" que a su entender "desprotege a las mujeres ya la infancia".
Tras seis meses enfrentando "tergiversaciones" de la parte denunciante, que "en ocasiones ha hablado explícitamente dando mi nombre y diciendo que soy tránsfoba, espero que esto acabe.Después de 6 seis meses he tenido que soportar la incertidumbre de que me pongan una sanción de 120.000 euros y 5 años de inhabilitación porque ellos se decidan a tergiversar y mentir, a decir que hago lo que ellos se inventan. Ahora toca coger aire y fuerzas para seguir dando la batalla", concluye.
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