La Iglesia en China ha comenzado el mes de mayo con nuevas restricciones para sus clérigos. Entraron en vigor este sábado, 1 de mayo, y afectan a todos los clérigos y figuras equivalentes, de todas las religiones: obispos, sacerdotes, monjes y monjas cristianos, budistas o taoístas, etc. Aunque los más afectados serán aquellos no registrados ante el Gobierno, y quienes tengan trato con ellos. Esto, en el mes en el que se conmemora a Nuestra Señora de Seshan y la Jornada de Oración por la Iglesia en China.
Las nuevas Medidas administrativas para el personal religiosoexigen que todos los que cumplan una función religiosa en China se hayan registrado ante las autoridades y se hayan comprometido con el cumplimiento de la nueva normativa. Esta incluye el mandato de «amar a la patria, apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino, apoyar el sistema socialista y respetar la Constitución, leyes, regulaciones y normas», según informa Crux.
Al mismo tiempo, deben «practicar los valores fundamentales del socialismo, adherirse al principio de independencia y autogestión de la religión y a la política religiosa de China, manteniendo la unidad nacional y étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social». Por ello, deberán resistirse o combatir «las actividades religiosas ilegales» y «la infiltración por fuerzas extranjeras que utilicen la religión». Entre estas fuerzas, las autoridades chinas suelen incluir al Vaticano.
Contra la comunión entre clandestinos y oficiales
Así, la norma puede interpretarse de forma que no solo deje en una situación totalmente ilegal (en la que ya estaban, aunque con distintos grados de aplicación) a los sacerdotes y obispos no registrados o clandestinos, reconocidos por la Santa Sede pero no por el régimen. Sino que además obligue a los que sí lo están a «resistirse» a su labor o plantarles cara. Así, serían ilegales todos los posibles gestos de comunión o colaboración entre unos y otros.
Esta interpretación está en línea con el hostigamiento a los católicos clandestinos. Uno de los últimos casos, informa AsiaNews, es la multa de 25.700 euros impuesta a un laico de Wenzhou, en Zhejiang, por invitar al obispo no registrado Peter Shao Zhumin a celebrar Misa en la capilla de su casa. Aunque la construcción tenía todos los permisos, la Policía lo acusó de «actividades religiosas ilegales» por acoger a un ministro ordenado «por una institución extranjera», lo que «va contra el principio de independencia, autonomía y autogestión de la Iglesia en China».
La nueva normativa de la Administración Estatal para Asuntos Religiosos se aprobó definitivamente en febrero. Pero fue publicada por primera vez en noviembre de 2020. Es decir, solo un mes después de la renovación por dos años más (todavía ad experimentum) del acuerdo entre la Santa Sede y el China para el nombramiento de obispos. Y entra en contradicción directa con el objetivo de este. Al menos desde el punto de vista del Vaticano. Además de normalizar el nombramiento de obispos, Roma buscaba una forma de construir puentes y reconciliar a los pastores y comunidades registrados y los no registrados. Algo que ahora se puede considerar ilegal.
Otras restricciones
Por otro lado, la nueva norma contempla que el personal religioso sea incluido en una base de datos nacional con información personal sobre cada uno de los clérigos o religiosos, con información sobre si su ministerio está en vigor o ha sido revocado. Incluirá también los reconocimientos o castigos que hayan recibido. La información podría incluso extenderse en su momento a la obtenida por los incipientes sistemas de crédito social. Estos proyectos que recogen información sobre buenos y malos comportamientos sociales de los individuos y pueden terminar facilitando o dificultando el acceso a determinados servicios.
Otras restricciones a la libertad religiosa de los católicos impuestas en los últimos años incluyen la negativa a la petición del Vaticano de establecer algún tipo de sede en Pekín o el cierre de orfanatos gestionados por religiosas. Además, según este portal, se aplica de forma más estricta la prohibición de que los menores de 18 años acudan a Misa y otras actividades religiosas.
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