En torno a la financiación de la Iglesia

Es cierto que hubo un tiempo importante (más de un siglo) en que la Iglesia recibió importantes sumas de dinero por parte del Estado, pero fue como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, que la privó de muchos bienes sin indemnización alguna

Uno de los temas que están siempre en el debate público es la manera en que se financia la Iglesia en España. Y no faltan aquellos que muestran un alto nivel de desinformación, lo que les lleva a afirmar, de manera errónea, que la institución es beneficiaria de numerosas subvenciones estatales, cuando en realidad esto no es así, más aún desde la firma del acuerdo sobre asuntos económicos que tuvo lugar el 3 de enero de 1979, acuerdo que fue modificado, en parte, por uno de carácter complementario signado en diciembre de 2006. Pero vayamos a los orígenes del asunto.

Es cierto que hubo un tiempo importante (más de un siglo) en que la Iglesia recibió importantes sumas de dinero por parte del Estado. Pero no lo hizo sin motivo alguno, sino como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, que privó a la Iglesia de muchos de sus bienes sin indemnización alguna a cambio. Así, en virtud del concordato de 1851, el Estado se comprometió a compensar a la Iglesia por lo sufrido durante el proceso desamortizador (y eso que solo unos años después hubo una segunda desamortización a cargo de Pascual Madoz, aunque bastante menos devastadora). También es importante recordar que los poderes públicos volvieron a perjudicar las finanzas de la Iglesia con la legislación laicista (más bien anticlerical) de la II República, ya que dejaron a las órdenes religiosas sin posibilidad de participar, durante un tiempo, en el sistema educativo. Y eso que luego tuvieron que cambiar de opinión al darse cuenta de que el Estado no podía afrontar el pago del conjunto de la educación, algo que los gobiernos de Felipe González (1982-96) sí fueron capaces de advertir y por ello pusieron en marcha los conciertos educativos que se encuentran vigentes en la actualidad.

Durante el franquismo (1939-75), la Iglesia se benefició no solo de generosas aportaciones del Estado (se financiaban las llamadas piezas eclesiásticas), sino que además recibió dinero del Plan Estatal para Regiones Devastadas, cuya finalidad fundamental era reconstruir un país que, siendo ya subdesarrollado antes del inicio de la contienda, requería de un importante esfuerzo de recuperación de muchas de sus infraestructuras, lo cual incluía, entre otras muchas cosas, el importantísimo patrimonio histórico-artístico de la Iglesia.

El camino hacia la autofinanciación

El camino hacia la autofinanciación de la Iglesia se inició realmente con la transición democrática (1975-82), pactándose en el acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979 (firmado entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la Santa Sede) el compromiso del Estado a «colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa», lo que no quería decir, de ningún modo, que la idea fuera que el Estado sostuviera económicamente a la Iglesia. Así, en este acuerdo se decía de manera explícita que, transcurridos tres ejercicios completos desde la firma del mismo, el Estado podría asignar a la Iglesia católica «un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal», y que para ello sería necesario que cada contribuyente «manifestara expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada». En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente sería destinada a otra finalidad. Hasta ese momento, el Estado se comprometía a consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la necesaria dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que por cierto sería actualizada anualmente. Lo más importante era, en todo caso, que la Iglesia se comprometía, por su parte, a «lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades».

Un primer paso fundamental se dio en diciembre de 2006, cuando el Gobierno español y la Santa Sede acordaron que el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Persona Física (IRPF) cuyo fin fuera financiar la Iglesia católica española pasara del 0.52 % al 0.70 % actual. A cambio, la Iglesia renunciaba a la llamada dotación complementaria.

Y así hemos llegado al momento actual, donde dos cosas deben quedar claras: la primera, que la Iglesia está avanzando en su proceso de completa autofinanciación (y por ello en todas las parroquias de nuestro país, además de la propia Conferencia Episcopal, se informa puntualmente de la forma en que se produce la financiación), pero que aún le faltan pasos por dar hasta lograrla. Y, por otra, que es fundamental recordar que más de las tres cuartas partes de sus ingresos proceden de fuentes propias y no de los contribuyentes que libremente contribuyen a sostenerla, a diferencia de otras instituciones u organizaciones, como partidos, sindicatos u organizaciones no gubernamentales, que se sostienen básicamente de dinero público.

Pablo Martín de Santa Olalla

Profesor de la Universidad Europea de Madrid