Preocupado por la situación de estos niños en Ceuta, Melilla y ahora en Canarias, donde hay un total de 2.577 acogidos, ha hecho una serie de recomendaciones. En primer lugar, ha pedido al citado ministerio que elabore el Plan estratégico plurianual para la integración de estos menores que se recoge en la Ley de Extranjería, un documento que, según esta institución, ha de incorporar «la identificación ágil de las necesidades de protección internacional; la detección de las potenciales víctimas de trata; el procedimiento que se para la determinación de la edad; la documentación de su residencia legal y la integración sociolaboral una vez que alcancen la mayoría de edad».
La segunda petición tiene que ver con la implementación de las medidas necesarias para que el Registro Central de Menores Extranjeros No Acompañados «funcione correctamente». «El Defensor lleva años denunciando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección autonómicas y el citado registro».
También solicita al departamento de Belarra que se establezcan convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela de los menores más vulnerables. Una vía que ya ha activado el Gobierno de Canarias.
Por último, Fernández Marugán pone de manifiesto que es necesario dar una respuesta a los menores que alcanzan la mayoría de edad, por ejemplo, con programas de transición a la vida adulta y con autorizaciones de residencia.
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