Un padre filipino: «Prefiero morir de COVID-19 que ver mis hijos pasar hambre»

Disparar a matar a quienes incumplan el confinamiento. La amenaza la escuchó todo Filipinas durante un discurso televisado del presidente, Rodrigo Duterte, el 1 de abril. Afortunadamente, en esta ocasión parece haber sido una bravuconada del polémico presidente. Solo ha habido noticias de una muerte por este motivo, la de un hombre que amenazó con una guadaña a los agentes de un puesto de control. De hecho, hasta el momento 96.000 de las 130.000 violaciones del confinamiento registradas se han saldado con advertencias o multas, según el jefe de la Policía Nacional, Archie Gamboa. Pero la cosa podría cambiar si, como amenazó el Gobierno el fin de semana, el aislamiento se llegara a hacer más estricto en algunas zonas. Se habla incluso de medidas similares a la Ley Marcial y de intervención de las Fuerzas Armadas.

«Si eso ocurre, solo Dios sabe lo que podría pasar, porque la Ley Marcial también suspende el derecho de habeas corpus», que protege frente a detenciones arbitrarias. «No se podrá cuestionar lo que hagan los militares», advierte el padre paúl Daniel Pilario. Para el religioso, enfocar así la cuestión «olvida la otra dimensión de la crisis: la económica. No es que la gente no quiera obedecer al Gobierno». Pero en la región de Manila unos cuatro millones de personas no tienen hogar o viven en infraviviendas, muchas veces auténticos hornos hechos de chapa. «Y si en casa no hay nada que comer, hay que buscarlo. Un padre de familia me dijo: “Prefiero morir de COVID-19 que ver a mis hijos pasar hambre”».

En general, después del 16 de marzo «las tres primeras semanas de confinamiento no había nadie por la calle –relata la carmelita misionera teresiana Gloria Alonso desde Quezón, una de las 17 ciudades de la conurbación de Manila–. Los últimos días ya parece que se ha perdido el miedo. Es la desesperación», explica. Una parte importante de la población de Filipinas, sobre todo (pero no solo) entre la clase baja, no come si no trabaja. Son los aproximadamente 18 millones de personas que trabajan de manera informal, como en la venta ambulante, en puestos callejeros o en la conducción de triciclos; o que tienen un contrato según el cual se cobra por día trabajado, por ejemplo, en la construcción.

Sin censo no hay ayuda

El Gobierno prometió ayudas de entre 90 y 150 euros para estas familias. Pero, aunque la misionera sí conoce familias que la han recibido, según datos del propio Ejecutivo solo son el 25 % de los casos. De hecho, la amenaza de «disparar a matar» del presidente Duterte se produjo a raíz de una manifestación reclamando las ayudas, que la Policía reprimió a la fuerza.

«Los requisitos para recibir ese dinero son muy estrictos» y con las oficinas y el transporte público cerrados muy pocas familias pueden acreditarlos o hacer los trámites necesarios, explica Pilario, que trabaja en una zona de basureros de Quezon City. Además, añade desde Montalbán, en la provincia de Rizal, el orionista Julio Cuesta, «es muy difícil organizar el reparto, porque no hay infraestructura ni censos actualizados. Para llegar a los pocos bancos donde se reparten algunas ayudas, la gente tiene que caminar dos o tres horas. Luego hay una cola enorme, y cuando por fin llegan a la ventanilla igual les dicen que no aparecen en una lista».

En Filipinas, los datos oficiales no revelan un crecimiento muy rápido de casos de coronavirus: unos 6.500 casos y 428 muertes entre 107 millones de habitantes. Una amenaza que se percibe muy lejana cuando acucia el hambre y la incertidumbre y falta información. Este explosivo cóctel no invita a quedarse en casa. En este sentido, desde la Iglesia se repite que más que amenazar con el uso de la fuerza, contribuirá a que se cumpla el confinamiento todo lo que garantice una mínima subsistencia a la población más vulnerable, como el reparto de arroz y otros alimentos básicos.

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde trabaja Gloria Alonso, lleva cada semana 667 paquetes de comida a la barrera de entrada de una cercana barriada de chabolas, donde viven 2.500 familias. Lo dejan en la barrera de la entrada, pues el slum está cerrado y custodiado por las fuerzas del orden ante la presencia de algunos casos de coronavirus. También han podido repartir mil cheques de Cáritas Manila para hacer la compra en el supermercado, y distribuyen comida a las personas sin hogar.

Junto a su labor asistencial, Cáritas Filipinas también está llevando a cabo un papel de lobby ante el Gobierno «y vigilando la implantación de medidas» como las ayudas sociales y de comida a los sectores más vulnerables, un período de gracia de tres meses para la devolución de préstamos, y una campaña amplia de divulgación y realización de pruebas, explica su responsable de Desarrollo de Colaboraciones, Jing Rey Henderson. Además, a título personal Rey propone «ofrecer ayuda en especie (sacos de arroz en vez de paquetes de cinco kilos, o un despliegue de mercadillos móviles donde obtener gratuitamente alimentos frescos) en vez de dar dinero, pues para gastarlo la gente tiene que desplazarse», y eso también ha dado lugar a detenciones.

«La gente es muy generosa» con el fondo del Papa

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Quezon City (Filipinas), en la que trabaja la comunidad de carmelitas misioneras teresianas de la hermana Gloria Alonso, tiene suerte. Situada cerca de un vecindario adinerado, los donativos les han permitido poner en marcha nuevos programas de asistencia a familias humildes afectadas por el confinamiento. Pero la religiosa es consciente de que «hay otras comunidades con muchas necesidades». «Y cuando acabe esta situación también habrá que ayudar a la gente a remontar». Va a hacer falta un esfuerzo extraordinario.

La historia se repite en los testimonios que llegan a la sede de Obras Misionales Pontificias en España. De momento los misioneros se están centrando en labores de concienciación, pues «la pandemia no ha entrado en ningún país con fuerza. Pero si lo hiciera en África o el sur de Asia (India, Bangladés...) va a costar mucho recomponer la situación. Allí no hay ERTE ni paro, la gente vive de lo que trabaja hoy», insiste el director nacional, José María Calderón.

Por eso cree que el Papa ha acertado de lleno al donar 750.000 dólares (unos 700.000 euros) a Obras Misionales Pontificias para crear un fondo de emergencia abierto a otras aportaciones. Para el director de OMP en España, «Francisco nos quiere hacer ver que el mundo es mucho más grande de lo que vemos nosotros. No podemos quedarnos en nuestra propia herida. Incluso por egoísmo: esta pandemia ha demostrado que nadie puede decir “esto no es mi problema”. Lo que pase en Bolivia, Ecuador o Burundi nos afecta», pues influirá tanto en los movimientos migratorios como en la capacidad de recuperación económica global.

De momento, a pesar de la situación en nuestro país y de que el lanzamiento del fondo coincidió con la Semana Santa, «la gente está siendo muy generosa. Cada uno da lo que puede, y algunos están aportando mucho. España es un país muy solidario en cuanto descubrimos un motivo, y gracias a Dios se valoran mucho las misiones». Más información en omp.es/extraordinario-covid-19.