Se estima que casi 400.000 personas han muerto como consecuencia de la guerra en Sudán del Sur entre diciembre de 2013 y abril de 2018, según un informe que analiza la magnitud de la devastación después de cinco años de lucha en el país más joven del mundo. Lo interesante de este estudio, publicado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, es que revela que aproximadamente la mitad de los fallecidos murieron en los combates que tuvieron lugar entre los distintos grupos que participan en el conflicto, pero -y ahí está la gran aportación de este documento- la otra mitad murió de enfermedad, hambre y otras causas exacerbadas por la contienda. Se supone que este documento es una herramienta que ayudará a comprender la magnitud del conflicto y facilitará una solución pacífica del mismo. Sin embargo, los hechos demuestran que, al menos, el segundo objetivo está muy lejos de conseguirse.
Estas cifras superan con creces cualquier otra estimación realizada anteriormente, especialmente las de Naciones Unidas. Además, ponen de relieve la gran tragedia vivida por las mujeres y los hombres sursudaneses, en un conflicto que realmente ha recibido poca atención mundial.
El estudio no se centra solo en las bajas directas del mismo, sino en todas aquellas muertes que hubieran sido evitables de no producirse el conflicto. Por eso, los investigadores esperan que este nuevo método de análisis de las víctimas de un conflicto sirva para comprender mejor lo que realmente sucede en un país en guerra y fortalecer las respuestas humanitarias. En el caso concreto de Sudán del Sur esperan que también ayude a asegurar que el actual acuerdo de paz sea sólido y se cumpla.
El 12 de septiembre, Salva Kiir, presidente del país, y su principal adversario, el ex vicepresidente y líder rebelde Riek Machar, firmaron un acuerdo de paz en Adís Abeba, la capital de Etiopía. Se trata del decimosegundo pacto que firman entre ellos. Una vez más, el objetivo del mismo es terminar con la guerra. De ahí que surja la pregunta de si este documento es diferente de los anteriores y si, por fin, se hará efectivo.
Los observadores apuntan a que en realidad no es un acuerdo entre Kiir y Machar, los líderes de los dos principales grupos enfrentados en el conflicto, sino que lo es entre al-Bashir y Museveni, presidentes de Sudán y Uganda respectivamente, que son los garantes del pacto.
Los tratados anteriores reconocían a Sudán como la fuente del problema porque apoyaba a cualquier grupo disidente y por ello se proponía su aislamiento. Sin embargo, en esta ocasión se ve a este país como parte de la solución y, según diversos analistas, esto supone un primer paso hacia la rehabilitación regional del presidente al-Bashir, acusado en 2009 de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Penal Internacional.
Los expertos que han seguido el conflicto durante años opinan que esta nueva estimación ofrece un marco útil para comprender y responder mejor a la guerra. Al no conocerse el número real de muertos no se veía la gravedad del conflicto y sus alcances. Ahora, ante el horror que suponen estos números se impone la necesidad de culpabilizar tanto a los responsables directos como a los líderes responsables de la violencia.
A lo largo de los años han existido diversos esfuerzos para calcular el verdadero costo humano del conflicto. Muchas ONG y agencias internacionales han realizado encuestas a pequeña escala, a nivel comunitario. Pero, prácticamente se centran en los muertos por la violencia. Ahora, este estudio ha usado estadísticas de población y proyecciones de crecimiento, y ha tenido en cuenta la intensidad de los combates, los desplazamientos, las enfermedades y el acceso a la salud. Los epidemiólogos produjeron un modelo que les permitió calcular las muertes mes por mes y condado por condado. Las evaluaciones realizadas por las distintas organizaciones humanitarias y grupos de la sociedad civil también han contribuido a las proyecciones.
La mayoría de las muertes se produjeron en el estado de Equatoria Central, uno de los más ricos, en términos agrícolas y ganaderos, del país; así como en los estados del norte de Joglei y Unity. Todos estos han sido lugares de gran violencia durante la guerra. Las cifras más altas de muertos se registraron en 2016 y 2017 después de que se desmoronara un acuerdo para compartir el poder negociado en 2015. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los autores, no parece que el conocer la cifra real de fallecidos y sus causas ayude, en un primer momento, a que se cumpla el acuerdo de paz.
Sudán del Sur se independizó en 2011 y dos años después estalló la guerra. En teoría, el conflicto comenzó como una disputa entre las fuerzas leales al presidente Kiir y las del entonces vicepresidente Machar. Se dice que muy pronto la disputa se convirtió en una lucha entre varias facciones, que envolvió al país en la violencia étnica, principalmente entre dinkas y nueres. A partir de ese momento, el hambre y las enfermedades atormentaron el país y millones de personas se refugiaron en las naciones vecinas. Abusos de derechos humanos, violaciones masivas y posibles crímenes de guerra han sido documentados en ambos lados de la contienda. Estas teorías que optan por el conflicto étnico, no tienen en cuenta que detrás del mismo se encuentra la disputa entre compañías estadounidenses y China por el control de los pozos de petróleo. De hecho, los estados donde se registran los mayores enfrentamientos, y consecuentemente más muertes, son los más ricos en crudo.
Esta es una de las aportaciones de este estudio: se puede ver cómo el mayor número de muertos se concentra donde están los centros de poder y donde se encuentran las mayores riquezas del país.
Sin embargo, este detalle no ha sido tenido en cuenta en el nuevo acuerdo de paz que ha optado por repartir el territorio entre los principales grupos étnicos, dinka y nuer, y luego los menores. No entiende a Sudán del Sur como un país, sino como una unión de tribus. Cada milímetro del mapa debe marcarse como territorio de una etnia. Incluso las áreas donde conviven varias de ellas deben definirse como perteneciente a una en particular. Esta visión seguramente creará nuevos problemas porque privará de sus derechos a gran parte de la población. Toda patria tribal es monopolio de la mayoría, por lo que las minorías se verán privadas de sus derechos fundamentales dentro de ese territorio: como el uso de sus propias normas y tradiciones, el acceso a la tierra y la participación en los mecanismos de toma de decisiones, como los gobiernos locales. Esto es caldo de cultivo para que los líderes más ambiciosos agiten el elemento tribal en aras de conseguir más privilegios en un futuro, lo que será fuente de nuevos conflictos.
Sudán del Sur al final se convertirá en una sociedad fragmentada tribalmente, y la estructura del Estado reflejará esa división. El presidente, los cinco vicepresidentes y los ministros serán nombrados sobre la base de las identidades tribales y el Ejército se fragmentará, aún más, en un conjunto de milicias tribales.
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