Es bien conocido por todos que el petróleo ha financiado, y sigue financiando, directamente el conflicto de Sudán del Sur. Gracias a él, las élites del país y los países vecinos hacen grandes negocios. Sin embargo, no hay que olvidar que detrás de todo esto está la larga sombra de países como China y Estados Unidos, aunque muchos informes intenten ocultarlo.
No estamos ante una noticia nueva. En los últimos años, varios informes lo han demostrado. Basta como prueba el publicado por The Sentry bajo el título War crimes shouldn’t pay. Stopping the Looting and destruction in South Sudan (Los crímenes de guerra no deberían pagar. Detener el saqueo y la destrucción de Sudán del Sur) y que el actor George Clooney presentó en 2016.
En aquella ocasión, se decía claramente que aunque la causa directa se atribuía a la disputa entre los principales políticos del país – el presidente Salva Kirr y el depuesto vicepresidente Riek Machar -, la guerra civil de Sudán del Sur no es el resultado de una disputa sangrienta entre dos hombres. Y ello a pesar de que los medios de comunicación y muchos expertos internacionales insisten en este dato y en la pertenencia étnica de cada uno de los protagonistas. El catalizador clave de este conflicto es, sin lugar a dudas, la lucha por el control de los abundantes recursos naturales del país, especialmente el petróleo.
The Sentry es una iniciativa de la organización estadounidense para la prevención del genocidio Enough Project y Not On Our Watch (NOOW), grupo financiado entre otros por Clooney. Uno de sus objetivos es seguir los flujos financieros para desenmascarar a los responsables del conflicto y su continuación. Con este objetivo, a principios de marzo publicaba un nuevo informe bajo el título de Fueling Atrocities: Oil and War in South Sudan (Alimentando las atrocidades: Petróleo y guerra en Sudán del Sur). Esta nueva investigación insiste en que el petróleo es la única fuente de divisas del país y el único recurso con el que cuenta para su supervivencia económica.
Basado en el análisis de documentos confidenciales que han llevado a cabo los especialistas de The Sentry, el informe prueba que existe un flujo constante de fondos procedentes de la petrolera estatal, Nile Petroleum Corporation (Nilepet), en beneficio de milicias culpables de crímenes de guerra horrendos. También se utilizaron grandes cantidades de dinero para pagar los servicios de grupos armados por compañías propiedad de altos funcionarios del régimen o de sus familias.
Hasta ahora, poco se sabía sobre cómo funciona el entramado financiero que posibilita que la guerra se prolongue en Sudán del Sur. Pero el estudio de estos documentos prueba cómo la principal fuente de ingresos del país, el petróleo, alimenta el conflicto, favorece el tráfico de armas y que un reducido grupo de sursudaneses son cada día más ricos. Mientras, la mayoría de los ciudadanos del país sufren grandemente y muchos tienen que huir de su tierra natal.
Gracias al análisis de esos papeles, el informe puede ofrecer algunos ejemplos muy esclarecedores. Así, un solo documento, parte de un grupo entregado a The Sentry por una fuente anónima, que parece ser una agenda privada del ministro de Petróleo y Minas de Sudan del Sur, detalla pagos de Nilepet. Lleva por título Security Expenses Summary from Nilepet y en él se documentan 84 transacciones, entre marzo de 2014 y junio de 2015, por un total de 80 millones de dólares pagados a políticos, oficiales del ejército, agencias gubernamentales y compañías privadas cuyas acciones pertenecen a familiares de los principales líderes del país, incluido el presidente Kirr. La lista muestra claramente que muchas de esas operaciones se realizaron directamente para financiar el conflicto. Por ejemplo, se describe el pago a una aerolínea por un transporte de armas. La mujer del presidente, Mary Ayen Mayardi, posee un tercio de las acciones de esta compañía aérea.
En otros papeles se incluyen copias de la correspondencia del ministro de Petróleo con la milicia paragubernamental Padag Dinka, que es culpable de atroces acciones cometidas en el estado de Alto Nilo, entre las que se incluye el asalto a un campo de refugiados protegido por las fuerzas de la Misión de Paz de Naciones Unidas (UNMISS) en Malakal, en el que se produjeron docenas de víctimas. Esta milicia también ha sido acusada de acciones militares contra los shiluk, el tercer grupo étnico del país. Esta milicia habría sido financiada con comida, combustible, teléfonos satélites y el pago de sus facturas, dinero y otro tipo de ayudas para favorecer sus operaciones.
El informe igualmente demuestra que estas transacciones usaron bancos de Kenia y Uganda, a través de los cuales pasaron los pagos por los cargamentos de armas.
Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo en 2011, pero en diciembre de 2013 se vio envuelto en una nueva guerra que ha provocado decenas de miles de muertos y ha obligado a desplazarse a más de cuatro millones de personas, tanto interna como externamente. Igualmente cientos de niñas y niños son utilizados como soldados por los distintos grupos armados que toman parte en el conflicto.
El 17 de agosto de 2015 se firmó un acuerdo de paz en el que los países de la región y Estados Unidos actuaban como garantes. Pero este se estancó desde un primer momento y la situación del país ha empeorado a pasos gigantescos mes tras mes, hasta el punto de que en la actualidad casi dos tercios de la población necesitan ayuda alimentaria para no morir de hambre. El informe de The Sentry, entre otras muchas cosas, prueba que estos datos son verídicos, pero que también los principales funcionarios y políticos responsables de la guerra han acumulado enormes riquezas y tienen a sus familias viviendo en el lujo y el derroche fuera del país.
Grupos de la sociedad civil y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Panel de Expertos de Estados Unidos, han denunciado y criticado las prácticas de Nilepet. Pero hasta ahora no han tenido efecto. El informe de The Sentry viene a apoyar estas denuncias y arroja nuevos datos para sostenerlas.
Ahora ya se puede afirmar, sin lugar a dudas, como avanzaba Naciones Unidas en enero pasado, que Kenia y Uganda apoyan el conflicto en Sudan del Sur y son claves en su continuación. Estas dos naciones no hacen nada, a pesar de ser parte de los acuerdos de paz, para contribuir a su terminación debido a los grandes beneficios que consiguen gracias a él. La ONU dejó claro que “la responsabilidad de prevenir las atrocidades cometidas en Sudán del Sur es regional e internacional”, informaba a finales de enero Sudan Tribune. El permitir que el dinero de las transiciones de armas pase por sus bancos ayuda a prolongar la guerra civil. Al mismo tiempo, confirma que grandes cantidades de armas entran en Sudán del Sur a través de estos dos estados. Por eso, mientras sus gobiernos no colaboren será imposible conseguir la paz en el país.
Desde un primer momento, Uganda se alineó abiertamente con el Gobierno de Kirr, cuando, en diciembre de 2013, envió tropas para luchar contra los seguidores de Machar, aunque más tarde las retiró.
Los informes publicados por The Sentry son de incalculable valor a la hora de fijar las responsabilidades de aquellos que se benefician del negocio de este conflicto. Vemos cómo una élite de políticos y altos funcionarios se enriquecen con él, cómo los países vecinos no hacen nada para frenarlo por los grandes beneficios que les reporta y cómo la mayoría de la población sufre por la avaricia de unos pocos. Sin embargo, echamos de menos que se apunte más alto y fuera del ámbito regional.
No debemos olvidar que detrás de este conflicto se esconden, principalmente, los intereses y ambiciones de China y de Estados Unidos para hacerse con el control de las reservas de crudo del país. Son estos países, y muchas de sus compañías petroleras, los que han fomentado, armado y perpetuado la guerra, utilizando elementos ajenos como el étnico, para justificarla y esconderse detrás de ellos. Hay que recordar la importancia que China asigna a este conflicto hasta el punto que en 2016 envió más de 700 militares como parte del contingente de Naciones Unidas estacionado en Sudan del Sur. Es la primera vez que el país asiático realiza un gesto similar, hasta entonces solo contribuía con dinero y con personal médico, ingenieros y transporte, pero hora se ha implicado con elementos de su ejército. También este conflicto ha empujado al país a construir su primera base militar fuera de su territorio, en Yibuti, concretamente, un puerto estratégico para Sudán del Sur, donde ya está posicionado gran parte del Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).
Igualmente, estos informes no siguen el rastro del armamento que entra en el país y dejan muchas preguntas en el aire: ¿de dónde proceden?, ¿cómo llegan hasta Kenia o Uganda?, ¿quién trafica con ellos?…
Si de verdad se quiere poner de relieve todos los actores que se están enriqueciendo con este conflicto y destapar los aunténticos flujos de capitales que provoca y los verdaderos intereses que esconde, pensamos que hay que salir del ámbito
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