lunes, 11 de junio de 2018

La nueva ministra de Educación tranquiliza a la enseñanza concertada: «no hay nada que temer»

Isabel Celaá, pese a no ocultar su condición de católica, ha defendido en el pasado la supresión de la asignatura de Religión o la retirada de conciertos a los centros concertados

«Conocemos el valor de la concertada y la respetamos», dijo en su primera rueda de prensa como ministra portavoz tras la reunión del Consejo «de ministros y ministras» del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre posibles cambios con respecto a la educación concertada, Isabel Celaá aseguró que «no hay nada que temer».

El nombramiento como ministra de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá ha sido recibido con cierto alivio por parte de la concertada, si bien se recuerda que, como consejera vasca, se posicionó abiertamente contra la financiación pública de centros de educación diferenciada.

Celaá, pese a su condición de católica, ha apoyado en el pasado la propuesta del PSOE de retirar la asignatura de Religión del horario lectivo, una de las señas de identidad del programa de Sánchez, criticando que la Conferencia Episcopal insistiera en mantenerla. Desde la corriente Cristianos Socialistas se ha intentado “edulcorar” esta medida, proponiendo dejar las cosas como están en Primaria, pero sustituyendo en la ESO el actual marco –que incluye igualmente una enseñanza religiosa confesional y optativa (con una alternativa no confesional)– por una nueva asignatura obligatoria y aconfesional para todos sobre el fenómeno religioso desde una perspectiva cultural e histórica.

No será sencillo llevar a cabo reformas en educación en esta legislatura, en la que el PSOE cuenta tan solo con 84 diputados (la mayoría absoluta son 176). Sin embargo, sí se esperan algunas señales sobre el horizonte al que aspira a avanzar un gobierno claramente diseñado con la voluntad de durar varios años, si es refrendado en las urnas.

Se da por seguro, sobre todo, algún gesto de cara al electorado de izquierdas que compense la férrea ortodoxia en política económica a la que claramente apunta el Gobierno Sánchez. La asignatura de Religión, la eutanasia o la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede reúnen muchas papeletas para cumplir ese papel movilizador de esa fracción de los votantes descontentos con la línea moderada del Ejecutivo en otras áreas.

«Estabilizar la educación española»

Con totas esas dudas en el aire, Isabel Celaá se esforzó este viernes en ofrecer un talante dialogante y conciliador en su primera comparecencia como ministra. Como aval, aludió a su etapa consejera de Educación en el País Vasco. «He sabido entenderme con todos y con la red concertada», dijo en respuesta a una pregunta. Y aseguró que, pese a que para el PSOE la educación pública es «una prioridad», sin embargo «defendemos la educación en su conjunto». «Estamos con todos y veremos cómo podemos conjugarlo», afirmó.

La ministra no aclaró si el Gobierno tratará de reactivar el pacto educativo, que fracasó hace tres meses después de que el PSOE y otros grupos decidieran ausentarse de las reuniones. Celaá sí habló, sin embargo, de su buena relación con su predecesor, Íñigo Méndez de Vigo, e insistió en que trabajará para «explorar» un camino «que tiene media puerta abierta ya» para «acordar» en materia educativa. «Tengo su disposición para poder avanzar en ese ámbito», aseguró. A su juicio, «hay que estabilizar la educación española», ya que «hay miles de jóvenes que lo demandan».

Refuerzo de la FP

Más claridad sobre sus intenciones mostró Celaá al referirse a la Formación Profesional, un término incorporado por primera vez de forma explícita al nombre del ministerio, llamado oficialmente ahora de Educación y Formación Profesional.

«Queremos hacerle un buen ‘lifting”» a la FP, dijo la ministra. La Formación Profesional «en este momento no está a la altura de la importancia que se le concede en otros países europeos», donde «un titulado en FP es una personas absolutamente competente», lamentó.

«Es un compromiso que abordo de manera muy específica», añadió Celaá, tras hacer un llamamiento a la colaboración entre «los empresarios de este país, los centros educativos y los representantes de los trabajadores, los agentes sociales».

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